España: CITA HISTÓRICA CON EL RIDÍCULO INTERNACIONAL

Hace tres días comenzó el juicio-venganza del Estado español contra Cataluña y sus instituciones nacionales, un juicio político que está permitiendo al mundo poder ver cómo son los tribunales españoles en acción -si es que faltaba alguien por saberlo-, su brutalidad intelectual y su desapego de la realidad, su sumisión al poder político y su poco juicio, su incapacidad para distinguir entre libertad de expresión y terrorismo, o el derecho de manifestación y un levantamiento insurreccional(rebelión, sedición o conspiración para la rebelión), y tan dispuestxs a las escenografías solemnes y las palabras grandilocuentes, como reaccionarixs y descerebradxs.


Lxs anarquistas de aquí lxs conocemos bien, la muerte de Franco en la cama, no supuso ningún cambio para ellxs, ninguna depuración, y de aquellos barros, estos lodos, los cuarenta años transcurridos desde entonces han perpetuado un sistema perverso de promoción interna que premia a lxs imbéciles, algo que medio mundo está viendo(gracias a la difusión internacional del juicio) y que pronto tendrán ocasión de comprobar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.


La inconsistencia intelectual de la acusación, recuerda a muchas otras anteriores en las que la Fiscalía se ha prestado a operaciones oscuras y montajes disparatados, amparada por el poder político y económico, con la diferencia de que esta vez al menos habrá luz y taquígrafos que registren toda esta mierda. Lo normal en España desde el caso“Scala”, al caso de “Mónica y Francisco” o el de “Rodrigo Lanza”, es que los mass-media se conviertan en portavoces de la acusación policial sin ningún interés por el derecho o la verdad, como si en ello les fuera la vida, igual que está pasando ahora, con una falta de profesionalidad sólo comparable a la de los jueces y juezas.



Y sobre la "acusación popular", con decir que se trata del partido ultraderechista VOX, está todo dicho. Una organización tardofranquista muy bien financiada por intereses ocultos para desestabilizar la rudimentaria democracia española, alentando el guerracivilismo y la vuelta a Atapuerca. Un partido político que pide suprimir el Tribunal Constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y rechazar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para volver a la época de la Inquisición.


La brutalidad policial del día 1 de octubre de 2018 sólo fue un anticipo de lo que el Estado español es capaz de hacer para defender la monarquía de Felipe VI, frente al Estado de Derecho y la democracia.




En 1966, las Naciones Unidas proclamaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el año 1976 y fue ratificado por el Estado español el 27 de julio de 1977. 
Artículo I. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.


Para qué lo firman, si luego no piensan cumplirlo.

2 comentarios:

  1. El nombre del WIFI del Tribunal Supremo es "A por ellos". Me ahorro comentarios.

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  2. La entrada en política de Felipe VI, regalándonos discursos de dudosa legalidad, resaltando su posición política en pleno desarrollo del juicio-venganza contra Cataluña, introduce un elemento nuevo a sumar a la cada vez más sui generis pseudo-democracia española.

    Alguien debería explicar a ese tonto del bote, y a quienes le escriben los discursos, las facultades y límites de la dignidad que ostenta, la definición de Estado de Derecho, y la diferencia entre una monarquía absoluta y una constitucional, antes de que la cosa vaya más lejos, y se haga costumbre.

    Si unimos esto a, jueces en la más alta instancia del Estado que no saben distinguir entre una factura proforma y un recibo de pago.

    Los derechos fundamentales están en más peligro que nunca desde la época de la Transición.

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